Por Alfredo Varela

La administración departamental del Atlántico cumplió 150 días, por lo que es necesario evaluar los desafíos predominantes. La situación es preocupante, ya que parece que el tiempo corre y no sucede nada, mostrando una gestión que no es eficiente con sus recursos ni capaz de implementar políticas efectivas, lo que ha tenido repercusiones serias para la ciudadanía.

En primer lugar, la seguridad es una gran preocupación. Los homicidios en el departamento no han mejorado, por lo que el número total se ha mantenido casi igual, con 380 casos durante el primer semestre de 2023 y 381 en este mismo periodo de 2024. Si miramos el hurto a personas, encontramos que para 2023 se reportaron 9,034 casos, y para 2024 ya llevamos 10,000 casos, lo que representa un incremento de más del 10%. Además, las extorsiones, que impactan mucho al comercio, han crecido significativamente, con un aumento del 57% en el número de casos, pasando de 387 en 2023 a 609 en 2024.

Siguiendo con los indicadores de seguridad, hoy tenemos el deshonroso primer puesto como el departamento en el que más mujeres han asesinado en todo el país. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, en los primeros cinco meses de 2024, el Atlántico registra 29 casos, lo que representa el 11% de los 271 feminicidios a nivel nacional. Este aumento en los indicadores de seguridad muestra que el departamento aún no tiene un liderazgo capaz de implementar políticas efectivas para prevenir delitos y brindar tranquilidad a la ciudadanía.

En cuanto al sector salud, la situación es crítica. La red hospitalaria UNA (recién implementada hace dos años) ya tiene un pasivo corriente acumulado de 68 mil millones de pesos y reporta pérdidas cercanas a los 17 mil millones de pesos anuales. Este déficit financiero es resultado de un gasto que supera significativamente los ingresos, con un recaudo por debajo del 60% de lo esperado. Además, no se ha terminado de pagar la liquidación del modelo anterior de salud, una cifra que ronda los 80 mil millones de pesos, por lo que podemos anticipar que este nuevo modelo fracasó.

Por si fuera poco, la crisis tarifaria de energía eléctrica también afecta a los ciudadanos. La administración, pudiendo poner de su parte en reducir el impuesto de la Tasa de Seguridad, decide ignorar esta posibilidad, pretendiendo que las soluciones solo vengan del gobierno central. De la misma forma, debemos recordar que durante el segundo período de Verano se aprobó que nos cobraran de más en la tarifa por concepto de pérdidas no técnicas.

No obstante, todas las obras de gran impacto que se anunciaron en los últimos años están incumplidas. Aquí encontramos la Gran Vía, el Club Náutico, la reconstrucción de Bellas Artes, los Centros Gastronómicos y de Artesanías en Puerto Colombia, entre otras, las cuales presentan atrasos de más del doble de su tiempo y nos están costando más de 138 mil millones de pesos en adicionales.

El inicio del año evidenció problemas en casi todos los acueductos del departamento, debido a la falta de agua en algunas poblaciones o a la constante interrupción del servicio, lo que provocó varios bloqueos de vías por el desespero de la gente. Aún sin solución alguna, muchas de estas personas siguen padeciendo estas condiciones inhumanas.

Por último, llegó la época de lluvias y sus fuertes precipitaciones han dejado más de 228 familias damnificadas. Los anuncios que se dan por medios sugieren que desde la Gobernación del Atlántico no se tiene cómo atender la situación, y solo se espera que desde Bogotá puedan auxiliarnos.

La administración departamental está a tiempo de asumir un mejor liderazgo, fijando prioridades y siendo eficiente en la orientación de recursos. Todo lo que evidenciamos hoy tiene desmotivada a la ciudadanía y agobiada por la falta de atención. Si la administración departamental quiere recuperar la confianza, tiene que acercarse a las realidades de los atlanticenses y enfocar el gasto público en atender las verdaderas necesidades de la población.